Resumen ejecu�vo
La Cons�tución garan�za la libertad religiosa y prohíbe la discriminación por
mo�vos religiosos. Es delito impedir o perturbar los servicios religiosos, así como
ofender o hacer escarnio de las creencias y ceremonias religiosas o de quienes las
profesan o prac�can. La definición de los delitos de odio establecida en la
legislación incluye los actos de “humillación y menosprecio” por mo�vos
referentes a la religión de la víc�ma. Aunque la legislación dispone que ninguna
confesión tendrá “carácter estatal”, los poderes públicos man�enen relaciones de
cooperación con confesiones religiosas. Los acuerdos bilaterales del Estado con la
Santa Sede conceden a la Iglesia Católica ventajas adicionales no reconocidas a los
otros tres grupos con los que man�ene acuerdos: musulmanes, protestantes y
judíos. Los grupos sin acuerdos pueden inscribirse en el registro del Gobierno y
recibir ciertas ventajas.
Entre julio de 2022 y abril, una comisión de expertos liderada por el Defensor del
Pueblo, aprobada por las Cortes Generales en marzo de 2022 para inves�gar los
abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, recibió 487 denuncias. En
octubre, la comisión publicó un informe y 20 recomendaciones. El informe hacía
hincapié en que las ins�tuciones religiosas, educa�vas y estatales deben mejorar
sus métodos de prevención y protección; instaba a incrementar la formación para
los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el personal médico; y
recomendaba crear un fondo estatal de compensación para las víc�mas. En enero,
el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción Nacional 2023-2030 para
implementar la Estrategia de la UE de la Lucha contra el antisemitismo y el
fomento del modo de vida judía. El plan pretende prevenir y comba�r el
an�semi�smo, favorecer las condiciones para que las comunidades judías vivan
conforme a sus creencias y tradiciones, e incrementar la inves�gación y la
formación en delitos de odio por mo�vos religiosos y en tolerancia religiosa.
De acuerdo con el Informe de 2022 sobre delitos de odio elaborado por el
Ministerio del Interior, el úl�mo disponible, durante ese año se registraron 47
delitos de odio basados en creencias o prác�cas religiosas y, por otro lado, 13 con
mo�vaciones an�semitas, en comparación con 63 y 11 delitos en dichos ámbitos
respec�vamente durante 2021.
Representantes de la Embajada y del Consulado General de Estados Unidos se
reunieron con funcionarios del gobierno central y gobiernos regionales para
hablar de an�semi�smo, islamofobia, asuntos rela�vos a la discriminación social,
delitos por mo�vos religiosos y discursos de odio contra minorías religiosas.
Funcionarios de la embajada y del consulado también se reunieron con varios
grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil para deba�r acerca de la
discriminación y el libre ejercicio de sus derechos religiosos. En marzo, el Enviado
Especial para Monitorear y Comba�r el An�semi�smo par�cipó en el foro
internacional de Coordinadores y Enviados Especiales en la lucha contra el
An�semi�smo celebrado en Madrid. El 30 de marzo, tanto la embajada como el
consulado celebraron cenas i�ar en las que par�ciparon grupos interconfesionales
para promover la libertad y la diversidad religiosas, con debates sobre cómo
tender puentes entre los grupos religiosos, romper estereo�pos y reducir la
discriminación. Durante el año, la embajada y el consulado general promovieron
la libertad y la diversidad religiosas en redes sociales.
Sección I. Demogra�a religiosa
El Gobierno de Estados Unidos es�ma que la población total de España es de 47,2
millones de habitantes (a mediados de 2023). Según una encuesta realizada en
sep�embre por el organismo público Centro de Inves�gaciones Sociológicas (CIS),
el 52 por ciento de los encuestados se iden�ficaron como católicos y el 2,4 por
ciento, como fieles de otras confesiones. En la misma encuesta, el 12,9 por ciento
se describieron como “no creyentes”, el 14,4 por ciento, como agnós�cos, y el
16,8 por ciento, como ateos. El 1,6 por ciento restante no contestaron la
pregunta.
En 2017, la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica es�mó que había
32,6 millones de católicos en el país, aunque la encuesta del CIS e informes de
prensa indican que el número ha disminuido hasta 24,5 millones desde entonces.
La Comisión Islámica de España (CIE) es�ma que hay 2,3 millones de musulmanes;
la Federación de En�dades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) calcula que
hay 1,7 millones de protestantes; la Federación de Comunidades Judías de España
(FCJE) es�ma que hay 45.000 judíos; la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y
Portugal, una organización que reúne a varias iglesias ortodoxas, afirmó en 2014
que había 1,5 millones de cris�anos ortodoxos; los Tes�gos de Jehová es�man que
hay 122.000 miembros; la Unión Budista de España, Federación de En�dades
Budistas de España (Unión Budista) calcula que hay 110.000 budistas; y la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Úl�mos Días (Iglesia de Jesucristo) señala que
hay 63.524 miembros. Existen otros grupos religiosos, como la ciencia cris�ana,
otros grupos cris�anos, el hinduismo (50.000), la Iglesia de la Cienciología (11.000
miembros) y la Comunidad Bahá’í de España (5.000 miembros). El mayor
porcentaje de no cris�anos se encuentra en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, situadas al norte de África; casi el 50 por ciento de la población de ambas
ciudades es musulmana.
Sección II. Respeto de la libertad religiosa por parte del Gobierno
Marco legal
La Cons�tución prohíbe la discriminación por razones religiosas y establece la
libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Además, dispone
que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión o creencias. Y añade que
“ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero “los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones”. La Iglesia Católica es el único grupo religioso mencionado
explícitamente en la Cons�tución. Según el Código Penal, es delito impedir o
perturbar los servicios religiosos, así como ofender o hacer escarnio de las
creencias y ceremonias religiosas o de quienes las profesan o prac�can. La
Cons�tución permite limitar la libertad de las manifestaciones religiosas si resulta
“necesario para mantener el orden público”.
La legislación impone penas de multa de ocho a 12 meses a quienes ofendan los
sen�mientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente
escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen públicamente a
quienes la profesan o prac�can. La legislación impone las mismas penas a los que
hagan públicamente escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna.
Asimismo, la legislación cas�ga con penas de prisión de seis meses a un año o con
multa a quienes ejecuten en un lugar des�nado al culto o en ceremonias religiosas
“actos de profanación en ofensa de los sen�mientos religiosos” de personas que
profesan religiones legalmente reconocidas.
La definición de los delitos de odio en el Código Penal incluye los actos de
“humillación y menosprecio” hacia personas por mo�vos referentes a su religión,
y los cas�ga con penas de uno a cuatro años de prisión. El an�semi�smo está
expresamente definido en el Código Penal como un delito de odio. Según la ley,
las autoridades pueden inves�gar y procesar como delitos terroristas los delitos
come�dos por grupos neonazis. La negación del genocidio se considera delito si
incita a ac�tudes violentas, como comportamientos o lenguaje hos�les e
in�midatorios. La legislación establece que la programación académica de los
centros públicos debe incluir en el temario el Holocausto, así como otros sucesos
y conflictos históricos que supongan graves vulneraciones de los derechos
humanos. La legislación también contempla la emisión de una “declaración de
reparación y reconocimiento personal” a quienes durante la Guerra Civil española
de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista sufrieron violencia o
persecuciones por razones polí�cas, ideológicas o de creencia religiosa.
La ley también establece una autoridad independiente para supervisar casos de
discriminación por dis�ntos mo�vos, incluida la confesión religiosa. La ley impone
multas de hasta 500.000 € (550.000 $) contra quien la infrinja.
El Estado no exige que los grupos religiosos se registren, pero estar inscritos les
otorga ciertas ventajas legales. Los grupos inscritos en el Registro de En�dades
Religiosas ges�onado por la Subdirección General de Libertad Religiosa del
Ministerio de la Presidencia, Jus�cia y Relaciones con las Cortes (Ministerio de la
Presidencia) pueden adquirir, arrendar y vender propiedades, y actuar como
en�dades jurídicas en procesos civiles. La inscripción implica la cumplimentación
de los formularios disponibles en la página web del Ministerio de la Presidencia y
la presentación de documentación en escritura pública que incluya la erección
canónica de la en�dad, sus estatutos, representantes legales, ámbito territorial,
fines religiosos y domicilio. Cualquier persona o grupo �ene derecho a prac�car su
religión independientemente de que la comunidad a la que pertenezca esté o no
dada de alta como en�dad religiosa. Las nuevas comunidades religiosas pueden
darse de alta directamente en el Ministerio de la Presidencia, o bien hacerlo en su
nombre las asociaciones religiosas.
El Estado man�ene un acuerdo bilateral con la Santa Sede, puesto en prác�ca por
la Conferencia Episcopal Española, que representa a toda la comunidad católica
ante el Estado. Aunque otros grupos religiosos �enen la obligación de inscribir
todos sus lugares de culto, según uno de los acuerdos entre el Estado español y la
Santa Sede, las diócesis y parroquias católicas no están obligadas a inscribirse en
el registro estatal. La Iglesia Católica es la única en�dad religiosa a la que los
ciudadanos pueden decidir des�nar un porcentaje de sus impuestos. El 29 de
marzo, el Consejo de Ministros aprobó una modificación del acuerdo bilateral del
Gobierno con la Santa Sede para excluir las exenciones fiscales en el impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras y en las contribuciones especiales.
El Estado también �ene acuerdos de cooperación con la CIE, la FEREDE y la FCJE.
Los mencionados acuerdos con las cuatro religiones mayoritarias del país —
catolicismo, islam, protestan�smo y judaísmo— son legalmente vinculantes y
conceden a los grupos religiosos ciertas exenciones fiscales, así como capacidad
para adquirir y vender propiedades, abrir un lugar de culto y realizar otros actos
jurídicos. Además, dan validez civil a los matrimonios celebrados por sus ritos y les
permiten tener profesores de religión en los centros escolares y capellanes en los
hospitales, las Fuerzas Armadas y las prisiones. Los grupos con acuerdos de
cooperación también �enen derecho a recibir subvenciones públicas
administradas independientemente. Los acuerdos abarcan asuntos legales,
educa�vos, culturales y económicos; la prác�ca religiosa por parte de los
miembros de las Fuerzas Armadas; y el servicio militar del clero y miembros de las
órdenes religiosas.
Los grupos inscritos que desean firmar acuerdos de cooperación con el Estado
primeramente deben tener reconocido el estatus de notorio arraigo por parte de
la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia. Para
ello, deben contar con un número de miembros “relevante” sin especificar, llevar
presentes en el país al menos 30 años y tener un “nivel de difusión” en la
población general que el Estado considere que acredita una “presencia en la
sociedad”, sin que esté definido de manera más exhaus�va. Además, los grupos
deben presentar documentación que acredite su naturaleza religiosa ante la
Subdirección General de Libertad Religiosa, que ges�ona el Registro de En�dades
Religiosas. Los Tes�gos de Jehová, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo y la
Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y, desde sep�embre, la
Comunidad Bahá’í de España son confesiones religiosas inscritas con estatus de
notorio arraigo.
Si la Subdirección General de Libertad Religiosa considerara que un solicitante de
inscripción no es un grupo religioso, dicho solicitante podrá ser incluido en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. La inscripción en el
registro de asociaciones concede personalidad jurídica, pero no ofrece otras
ventajas; simplemente supone la inclusión de la asociación y su historia en la base
de datos del Estado. La inscripción como asociación es un paso previo para
solicitar la declaración de u�lidad pública, lo cual proporciona los mismos
beneficios fiscales que a las organizaciones benéficas, como la exención del
impuesto sobre la renta y los impuestos sobre las contribuciones. Para ser
declarada como tal, la asociación debe llevar inscrita dos años y tener un
patrimonio neto posi�vo.
La Fundación Pluralismo y Convivencia (FPC) es una en�dad pública perteneciente
al Ministerio de la Presidencia que promueve la libertad y diversidad religiosas.
Proporciona financiación para apoyar ac�vidades de promoción de la integración
cultural, educa�va y social entre las confesiones religiosas no católicas que �enen
un acuerdo de cooperación con el Estado, así como ayuda no económica a otros
grupos religiosos inscritos en el registro estatal, con el fin de aumentar la
concienciación pública. La fundación también fomenta el diálogo y el
acercamiento entre los grupos religiosos y la integración de la religión en la
sociedad. Colabora estrechamente con la Subdirección General de Libertad
Religiosa.
El Estado financia los servicios religiosos dentro del sistema penitenciario para los
grupos católicos y musulmanes, incluidas la misa dominical y la confesión católicas
y la oración del viernes islámica. Los respec�vos acuerdos de cooperación entre la
FCJE y la FEREDE con el Estado no contemplan servicios financiados con fondos
públicos. Dichos grupos proporcionan servicios religiosos en las prisiones a sus
expensas. El resto de grupos religiosos inscritos como en�dades religiosas ante la
Subdirección General de Libertad Religiosa pueden proporcionar servicios a sus
expensas durante las horas de visita a pe�ción del recluso.
El Gobierno garan�za el acceso del personal religioso de grupos con acuerdos de
cooperación con el Estado a los centros de solicitantes de asilo y refugiados, para
que los grupos proporcionen, a sus expensas, asistencia directa a sus fieles. El
personal religioso de grupos sin acuerdos de cooperación con el Estado puede
acceder a centros de internamiento previa solicitud al Ministerio de la
Presidencia.
El reglamento militar y los acuerdos de cooperación firmados con el Estado
permiten la celebración de funerales militares religiosos y servicios de atención
religiosa para católicos, musulmanes, protestantes y judíos, si los solicita la familia
del fallecido. El resto de grupos religiosos pueden celebrar funerales militares
religiosos si se solicita.
El Estado reconoce los matrimonios de todas las confesiones de notorio arraigo.
Los miembros de los grupos religiosos sin dicho estatus han de contraer
matrimonio en una ceremonia civil para que el matrimonio sea reconocido
legalmente.
Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña man�enen acuerdos con
varios grupos religiosos que también �enen pactos con el Gobierno central. Los
acuerdos autonómicos permiten ac�vidades como la asistencia religiosa en
hospitales y prisiones bajo jurisdicción autonómica. El Gobierno central financia
estos servicios en las Fuerzas Armadas; y los gobiernos autonómicos financian los
servicios en los hospitales y las prisiones. Según el Gobierno central, los acuerdos
con los gobiernos autonómicos no pueden contradecir los principios de los
acuerdos estatales, que prevalecen.
Los grupos religiosos deben solicitar a los gobiernos locales una licencia para abrir
lugares de culto u otros establecimientos de uso público. Los requisitos para dicha
licencia varían de un municipio a otro, salvo en las comunidades autónomas de
Cataluña y el País Vasco, donde existen regulaciones específicas para los requisitos
de licencia. La documentación necesaria para solicitar una licencia es la misma
que para la apertura de un local de uso público por parte de un establecimiento
comercial, e incluye información como los planos arquitectónicos o la capacidad
máxima. Los grupos religiosos también deben informar a la Subdirección General
de Libertad Religiosa de la apertura de nuevos lugares de culto.
Los gobiernos locales están obligados a examinar las solicitudes de uso de terreno
público para la apertura de un lugar de culto. Si un municipio decide denegar una
solicitud, tras sopesar factores como la disponibilidad y el valor añadido para la
comunidad, el ayuntamiento deberá explicar su decisión al solicitante.
La legislación exige un mínimo de 10 alumnos interesados para poner en marcha
nuevas clases de educación religiosa no católica en centros públicos. Según se
establece en los acuerdos de cooperación con los grupos religiosos, los gobiernos
proporcionan financiación para los salarios de los profesores que imparten clases
de educación religiosa católica en centros escolares públicos y, si un mínimo de 10
alumnos solicita una clase de educación religiosa islámica o protestante, también
para profesores de educación islámica y protestante. La comunidad judía también
�ene derecho a recibir financiación pública para los profesores judíos, pero la ha
rechazado. La educación religiosa sigue siendo opta�va. Los alumnos que optan
por no cursar asignaturas de religión deben cursar una asignatura alterna�va que
abarca temas sociales, culturales y religiosos de carácter general. El desarrollo de
los planes de estudio y la financiación de los profesores de religión es
responsabilidad de los gobiernos autonómicos, excepto en Andalucía, Aragón,
Canarias, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde los planes
de estudio y la financiación de la educación religiosa son competencia del
Gobierno central, según sus respec�vos estatutos de autonomía.
En general, las comunidades autónomas �enen competencia para establecer los
requisitos que han de cumplir los profesores de educación religiosa y cer�ficar sus
cualificaciones, aunque algunas lo delegan al Gobierno central. Los candidatos a
profesores deben facilitar sus datos personales, demostrar que no han sido
despedidos por la autoridad educa�va de la comunidad autónoma en la que
solicitan trabajo, poseer un �tulo según lo exigido por la comunidad autónoma y
cualquier otro requisito establecido por la asociación religiosa correspondiente.
Las asociaciones religiosas deben proporcionar al Gobierno una lista de los
profesores autorizados. Las directrices de la CIE aprobadas por el Ministerio de
Educación subrayan la formación en “islam moderado” en las prác�cas de culto,
con énfasis en el pluralismo, el entendimiento, la tolerancia religiosa, la resolución
de conflictos y la convivencia. La CIE también exige que los profesores tengan un
cer�ficado de formación en educación islámica. Los centros escolares privados,
independientemente de si están financiados con fondos públicos, deben cumplir
las leyes educa�vas estatales. Los centros escolares privados religiosos que no
reciben financiación pública deben obtener una autorización adicional de la
administración educa�va autonómica para su apertura y funcionamiento.
Los miembros del clero católico y judío pueden incluir el �empo dedicado a
misiones en el extranjero en los cómputos de la Seguridad Social. El clero
protestante �ene derecho a percibir prestaciones de la Seguridad Social, como
cobertura sanitaria y una pensión de jubilación por parte del Estado por un
máximo de 15 años de servicio, aunque la pensión de dicho clero es más
restric�va que la de los miembros del clero católico, quienes �enen derecho a una
pensión jubilatoria estatal por toda su carrera, con un máximo de 38,5 años de
servicio. El clero musulmán, ortodoxo y de los Tes�gos de Jehová también �ene
derecho a las prestaciones de la Seguridad Social según los términos de los
dis�ntos acuerdos negociados con el Estado al respecto por cada uno de estos
grupos.
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales encargado
de defender los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos
mediante la supervisión de la ac�vidad de las administraciones públicas del país.
El Defensor del Pueblo goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su
cargo.
España forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí�cos.
Prác�cas del Gobierno
Abusos relacionados con violencia, detención o reasentamiento masivo
Entre julio de 2022 y abril, una comisión de expertos liderada por el Defensor del
Pueblo, aprobada por las Cortes Generales en marzo de 2022 para inves�gar los
abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, recibió 487 denuncias. En
octubre, la comisión publicó sus hallazgos detallando las consecuencias de los
abusos, incluidas las víc�mas que experimentaron estrés postraumá�co, síntomas
de depresión y pensamientos suicidas, y cri�cando a la Iglesia Católica por no
prestar suficiente apoyo a las víc�mas durante las inves�gaciones. El informe
instaba a la Iglesia Católica a reconocer la gravedad de los hechos, reconocer a las
víc�mas, e incrementar la asistencia a las víc�mas durante los procedimientos
judiciales. Asimismo, el informe contenía 20 recomendaciones, en las que se hacía
hincapié en que las ins�tuciones religiosas, educa�vas y estatales deben mejorar
los métodos de prevención y protección; se instaba a incrementar la formación
para los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el personal médico y los
miembros de las ins�tuciones católicas; y se recomendaba crear un fondo estatal
y un “órgano especial” de carácter temporal centrado en la reparación de las
víc�mas en el ámbito de la Iglesia Católica que no hayan podido seguir un proceso
penal. En noviembre, en respuesta a las recomendaciones del informe, la
Conferencia Episcopal Española comunicó que trabajaría con el Gobierno para
crear un fondo de compensación para víc�mas, con la condición de que incluyera
a “todas las víc�mas [de abusos sexuales], y no solo a las de la Iglesia”.
Abusos que limitan creencias y expresiones religiosas
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) con�nuaron instando al
Gobierno a reformar la parte del Código Penal que �pifica la ofensa de los
“sen�mientos religiosos”, por considerar, en sus palabras, que limitaba
indebidamente la libertad de expresión. Algunas organizaciones alegaron que las
leyes que �pifican como delito las declaraciones públicas que hacen escarnio de
sen�mientos religiosos equivalen a penalizar la blasfemia. En sep�embre, el
par�do de extrema izquierda Sumar presentó una proposición de ley en el
Congreso para suprimir del Código Penal los delitos contra los “sen�mientos
religiosos”.
Abusos relacionados con la capacidad de las personas para par�cipar en
ac�vidades religiosas solas o en comunidad con otras personas
La CIE siguió manifestando su preocupación ante la falta de cementerios con
parcelas específicas para enterramientos islámicos en cuatro de las 17
comunidades autónomas del país (Cantabria, Cas�lla-La Mancha, Extremadura y
Galicia), y señaló que la can�dad de cementerios resultaba insuficiente para la
población musulmana en España. El número de cementerios islámicos aumentó
de 36 a 42 entre 2021 y 2023.
El 1 de diciembre, la FEREDE interpuso un recurso ante el Tribunal de Jus�cia de
Murcia contra el Ayuntamiento de Lorca, un municipio de la comunidad autónoma
de Murcia, para que se modificara el Plan de Urbanismo aprobado el 3 de enero.
La modificación requería limitar el establecimiento de lugares de culto a edificios
exclusivos, con ciertos requisitos de accesibilidad, incluido determinado número
de aseos e instalaciones de aparcamiento. La FEREDE expresó su preocupación
por que los nuevos requisitos obstaculicen a las ins�tuciones religiosas la apertura
de nuevos lugares de culto. El recurso aún se encontraba pendiente de resolución
a finales de año.
A finales de año aún no se había resuelto el recurso presentado en sep�embre de
2022 ante el Tribunal Cons�tucional por el par�do polí�co de extrema derecha
Vox contra una ley de 2022 que penalizaba los actos que obstaculicen el ejercicio
del derecho de una mujer a la interrupción voluntaria del embarazo o la capacidad
de los profesionales sanitarios para asis�r en la interrupción voluntaria del
embarazo. Las infracciones de la ley se cas�gan con multas y penas de hasta un
año en prisión. La ONG Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia
señaló en 2022 que la ley prohibiría rezar en el exterior de las clínicas abor�vas y
que limitaba indebidamente la libertad de expresión y de religión. En junio de
2022, la Conferencia Episcopal Española emi�ó un comunicado, sin mencionar
específicamente la ley, denunciando los “proyectos legisla�vos” contrarios a la
“defensa de la vida”.
En diciembre de 2022, el Ministerio de Educación y Formación Profesional
comunicó que el número de alumnos que cursan asignaturas de religión en
centros de educación primaria y secundaria con�nuó disminuyendo durante el
curso académico 2021-2022. Varios grupos religiosos citaron los con�nuados
obstáculos para impar�r educación religiosa e incorporar profesores de religión en
los centros escolares, dado el mínimo legal de 10 alumnos interesados que se
necesita para impar�r clases de educación religiosa no católica en centros
públicos. Aunque el número de docentes de religión islámica incrementó de 106
en 2022 a 144 en 2023, los sistemas educa�vos con�nuaron lidiando con una falta
de profesores de dicha religión. Según la CIE, hubo cinco comunidades autónomas
sin asignaturas de religión islámica en las escuelas públicas: Asturias, Cantabria,
Galicia, Murcia y Navarra. El informe de 2022 del Observatorio Andalusí y la Unión
de Comunidades Islámicas de España es�maba que el 90 por ciento de los
alumnos musulmanes del país no tenían acceso a clases de religión islámica. La
CIE no organiza clases de religión fuera de los centros escolares. La CIE anima a los
padres a que presenten solicitudes en las escuelas donde estudian sus hijos,
marcando la casilla de educación de religión islámica, para así promover la
contratación de profesores de dicha religión.
Abusos relacionados con discriminación o trato desigual
Grupos religiosos no católicos con�nuaron manifestando su preocupación por lo
que �ldaron de desigualdad en el tratamiento jurídico por parte del Estado. Según
medios de comunicación, un tercio de los españoles decidió asignar parte de sus
impuestos a la Iglesia Católica este año, lo cual supuso más de 320 millones de
euros (352,4 millones de dólares), un incremento en las donaciones del 8,5 por
ciento en comparación con 2021. Ningún otro grupo religioso figuraba como
posible des�natario de fondos en el formulario de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Varios grupos religiosos, entre ellos los
protestantes, los musulmanes, los budistas y la Iglesia de Jesucristo, con�nuaron
expresando su deseo de ser incluidos en dicho formulario. Manifestaron que
preferirían recibir aportes voluntarios de contribuyentes sin requisitos previos en
lugar de depender de la financiación de la Fundación Pluralismo y Convivencia,
que establece determinadas condiciones para el uso de sus fondos.
La CIE, la FEREDE y la FCJE dependieron de fondos estatales facilitados a través de
la FPC para cubrir sus gastos administra�vos y de infraestructura. El Ministerio de
la Presidencia siguió asignando fondos a diferentes grupos en función del número
de en�dades inscritas en el registro y el número aproximado de fieles que
tuvieran. En enero, dotó a la FEREDE con 526.780 € (580.000 $), a la CIE con
433.130 € (477.000 $), y a la FCJE con 210.712 € (232.000 $). Además de para
gastos administra�vos y de infraestructura, los fondos de la fundación también
cubrieron pequeños proyectos publicitarios y de inves�gación.
El Ministerio de Jus�cia con�nuó tramitando solicitudes en aplicación de la ley de
2015 que permi�a a los descendientes de los sefardíes expulsados del país hace
más de 500 años adquirir la nacionalidad española si las solicitudes se
presentaban antes de sep�embre de 2019, el úl�mo mes de vigencia de la ley.
Según los úl�mos datos disponibles del Ministerio de Jus�cia, hasta el 30 de
sep�embre el Gobierno había concedido la nacionalidad a 71.795 descendientes
de judíos sefardíes y rechazado 6.818 pe�ciones. De los solicitantes rechazados,
1.021 presentaron recursos.
En enero, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción Nacional 2023-2030
para implementar la Estrategia de la UE de la Lucha contra el antisemitismo y el
fomento del modo de vida judía. El plan pretende prevenir y comba�r el
an�semi�smo, favorecer las condiciones para que las comunidades judías vivan
conforme a sus creencias y tradiciones, e incrementar la inves�gación y la
formación en delitos de odio por mo�vos religiosos y en tolerancia religiosa.
El 8 de febrero, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau suspendió oficialmente el
hermanamiento establecido en 1998 entre Barcelona y Tel Aviv. La decisión
unilateral de Colau fue ampliamente cri�cada por miembros del Gobierno
español, incluido el Ayuntamiento de Barcelona. En junio, el alcalde de Tel Aviv,
Ron Huldai, solicitó formalmente al recién elegido alcalde de Barcelona, Jaume
Collboni, el restablecimiento de las relaciones. El alcalde Collboni reestableció el
hermanamiento el 1 de sep�embre.
El 2 de octubre, los Tes�gos de Jehová ganaron un caso contra el periódico El
Mundo, tras considerar la jus�cia que el periódico publicó un ar�culo difamatorio
sobre la organización religiosa en noviembre de 2022 basado en información falsa
proporcionada por la Asociación de Víc�mas de los Tes�gos de Jehová. Un Juzgado
de Primera Instancia de Torrejón de Ardoz, un municipio de la comunidad
autónoma de Madrid, consideró que el ar�culo “generaba perjuicios constatables”
a los Tes�gos de Jehová y que “desde cualquier punto de vista que se mire, el
ar�culo menciona hechos referidos por terceros que causan innegable menoscabo
a la asociación religiosa”. En la resolución, el juzgado condenó a El Mundo a
publicar la respuesta de los Tes�gos de Jehová y a pagar las costas procesales.
El 25 de abril, el Ministerio de la Presidencia alcanzó un acuerdo con los Tes�gos
de Jehová, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo y la Asamblea Episcopal
Ortodoxa de España y Portugal sobre una proposición de ley del Gobierno para
proporcionarles beneficios fiscales similares a los que reciben la FEREDE, la CIE y la
FCJE. La proposición de ley fue detenida en julio en el Congreso debido a las
elecciones generales y al proceso en curso de formación del Gobierno de España.
La Unión Budista comunicó que, si se aprobaba la inicia�va, mejoraría la igualdad
de trato entre las organizaciones religiosas con estatus de notorio arraigo y las que
man�enen acuerdos con el Gobierno (véase Sección 2).
La FPC y la Federación Española de Municipios y Provincias con�nuaron
promoviendo la diversidad religiosa e incrementando la capacidad de los
gobiernos locales de proteger la libertad religiosa mediante un proyecto en común
anunciado en 2021. El proyecto �ene como obje�vo ayudar a los gobiernos
locales a ges�onar mejor la diversidad religiosa, de manera democrá�ca e
inclusiva, mediante la promoción de buenas prác�cas y el acceso a asesoramiento
técnico especializado. A finales de año, 22 municipios estaban par�cipando en el
proyecto.
La FPC con�nuó realizando campañas de divulgación, como la organización de la
exposición “Ni nueva ni ajena: diversidad religiosa en España”, con el obje�vo de
promover un mayor conocimiento de la historia de la diversidad religiosa en
España y el respeto de la libertad de culto. La FPC con�nuó colaborando con
grupos religiosos para la apertura y ges�ón de lugares de culto, el impacto de la
educación religiosa y los efectos de la discriminación y la limitación de la libertad
religiosa en el lugar de trabajo. La Subdirección General de Libertad Religiosa
mantuvo una gran variedad de recursos en línea, incluido un buscador de todas
las comunidades religiosas inscritas y lugares de culto, y un diccionario con
elementos visuales y audi�vos para enriquecer la comprensión de la diversidad
religiosa. La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio
del Interior con�nuó prestando asistencia a las víc�mas de delitos de odio por
mo�vos religiosos y ofreció formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El Ministerio del Interior con�nuó implementando medidas para luchar contra los
delitos de odio, incluidos aquellos come�dos por mo�vos de creencias religiosas,
mejorando la asistencia a las víc�mas, proporcionando formación y recursos a las
fuerzas y cuerpos de seguridad, e incrementando la colaboración con las ONG y
otras organizaciones que trabajan en la lucha contra los delitos de odio por medio
de su Segundo Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. El plan está
financiado y en vigor hasta finales del año 2024.
Varias administraciones públicas autonómicas y municipales siguieron llevando a
cabo campañas de divulgación con el obje�vo de promover la diversidad religiosa.
En sep�embre, la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno
autonómico catalán publicó el Mapa Religioso de Cataluña de 2022, en el que se
iden�ficaron un total de 7.291 lugares de culto en la comunidad autónoma,
pertenecientes a 14 confesiones diferentes. La Dirección General de Asuntos
Religiosos de Cataluña des�nó un total de un millón de euros (1,06 millones de
dólares) en subvenciones a proyectos de rehabilitación y mejora de 76
comunidades religiosas. El obje�vo de las subvenciones era mejorar la seguridad,
higiene y accesibilidad de los locales de culto, así como hacerlos conformes a la
norma�va.
La Oficina de Asuntos Religiosos y la Oficina por la No Discriminación del
Ayuntamiento de Barcelona facilitaron y promovieron celebraciones religiosas,
concediendo subvenciones para proyectos de varios grupos religiosos. El gobierno
municipal de Barcelona organizó mesas redondas sobre la libertad de culto en la
ciudad, y se convocó a grupos de diálogo interreligiosos e interconfesionales con
el obje�vo de acabar con los prejuicios contra las prác�cas religiosas y mejorar la
cohesión social.
España es miembro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
Sección III. Respeto de la libertad religiosa por parte de la sociedad
De acuerdo con el Informe de 2022 sobre delitos de odio elaborado por el
Ministerio del Interior, el úl�mo disponible, durante ese año se registraron 47
delitos de odio basados en creencias o prác�cas religiosas y, por otro lado, 13 con
mo�vaciones an�semitas, en comparación con 63 y 11 delitos en dichos ámbitos
respec�vamente durante 2021. Únicamente se desglosan los delitos de
an�semi�smo y sen�miento an�gitano, pues ambos aparecen �pificados
específicamente como infracciones en el Código Penal. La mayoría de los delitos
con mo�vaciones religiosas sucedieron en las comunidades autónomas de Madrid
(once delitos de odio por creencias religiosas y seis relacionados con el
an�semi�smo), seguida de Andalucía (nueve y cero delitos de an�semi�smo),
Cataluña (cuatro y tres) y Valencia (seis y cero). El informe del ministerio no citaba
ejemplos concretos ni desglosaba los incidentes por mo�vos religiosos en función
del �po de delito. Según explicó un miembro del ministerio, las cifras del informe
anual solo reflejan los datos de denuncias oficiales, no incluyen informes de los
medios de comunicación.
De acuerdo con la Memoria Anual de 2022 de la Fiscalía General del Estado,
durante dicho año no se incoó ningún nuevo procedimiento judicial por delitos de
odio relacionados con la religión, frente a uno que hubo en 2021.
Según el úl�mo informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de
Conciencia, publicado en noviembre, en 2022 hubo 208 incidentes calificados
como vulneraciones de la libertad religiosa, 13 más que en 2021. De dichos
incidentes, 175 (el 85 por ciento) fueron contra católicos, tres contra musulmanes,
tres contra judíos, y 27 se definieron como perpetrados contra varias o todas las
confesiones. Hubo tres casos de violencia, 34 ataques a lugares de culto, y 24
casos de acoso a fieles.
El Observatorio de An�semi�smo de la FCJE informó de múl�ples incidentes
an�semitas, incluidas 400 publicaciones an�semitas en plataformas de redes
sociales desde noviembre de 2022 hasta mayo. La FCJE informó de un aumento de
los incidentes an�semitas tras el ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de
octubre, y señaló que fue “la mayor escalada de an�semi�smo en España de los
úl�mos �empos”. Según el Observatorio de An�semi�smo de la FCJE, entre los
actos de an�semi�smo hubo pintadas de esvás�cas en buzones de correo de
familias judías, grafi�s en sinagogas y cementerios, un aumento de las amenazas
de seguridad en escuelas judías, y manifestaciones frente a un hotel de Barcelona.
La FCJE informó sobre el llamamiento de un par�do polí�co (Podemos) a
boicotear a las empresas que colaboren con Israel (Carrefour), el trato humillante
de un profesor a un alumno hispano-israelí, y el boicot a los comercios judíos de
Melilla. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia señaló que de
2022 a 2023 se produjo un incremento de los incidentes calificados como
vulneraciones de la libertad religiosa contra judíos y musulmanes.
El 3 de abril, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a un hombre a 18
meses de prisión y a una multa por un delito de odio por su par�cipación en
octubre de 2021 en una manifestación en la que se es�ma que acudieron 200
personas supuestamente vinculadas a grupos de extrema derecha. En el escrito de
acusación, el fiscal expuso que el hombre actuó mo�vado por su aversión a los
judíos y a Israel y profirió de forma reiterada cán�cos an�semitas que ins�gaban
al odio, la violencia y la hos�lidad contra la comunidad judía, con expresiones
como “muerte a los judíos”, “mata judíos” y “muerte a Israel”. Poco después del
veredicto, la Audiencia suspendió la sentencia a cambio de que el hombre no
volviera a delinquir en los siguientes dos años y que par�cipara en un programa
de reinserción para evitar conductas violentas y promover un trato igualitario y no
discriminatorio.
El 18 de octubre, tras una manifestación pro-Pales�na en Melilla, un grupo de
manifestantes irrumpió en varios comercios judíos gritando, in�midando e
insultando a los empleados y clientes. El grupo también fue a una sinagoga judía
de Melilla y profirió insultos, como “Israel asesino”. Los agentes de las fuerzas y
cuerpos de seguridad impidieron que el grupo entrara en la sinagoga, y las
personas que había dentro tuvieron que esperar a que la policía despejara la zona
para poder salir.
El 20 de octubre, un grupo de aficionados atacaron verbalmente durante un
par�do al jugador de fútbol israelí Shon Weissman, del club de fútbol de Granada,
con frases como “Weissman muere” y “Pales�na Aurrera (Adelante Pales�na)”. En
respuesta, Movimiento contra la Intolerancia, una ONG de derechos humanos,
interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, perteneciente al Ministerio de
Educación, Formación Profesional y Deportes.
En mayo, la ONG de Estados Unidos Liga An�difamación (ADL) publicó los
resultados de su encuesta sobre prejuicios an�semitas en España, basada en los
datos recogidos entre noviembre y diciembre de 2022. A los cerca de 500
encuestados se les pidió que dijeran si once estereo�pos sobre los judíos eran
“probablemente ciertos”. Según las respuestas, ADL es�ma que el 26 por ciento
de la población adulta de España está de acuerdo en que seis o más estereo�pos
son “probablemente ciertos”, frente al 28 por ciento en 2019 y el 29 por ciento en
2015. Estos eran algunos de los estereo�pos: “Los judíos son más leales a Israel
que a España” (56 por ciento); “los judíos �enen mucho poder en los mercados
financieros internacionales” (42 por ciento); “los judíos siguen hablando mucho
de lo que les ocurrió en el Holocausto” (40 por ciento); “a los judíos solo les
importa lo que les ocurre a los suyos” (29 por ciento); “los judíos ejercen
demasiado control en los medios de comunicación globales” (23 por ciento); y “los
judíos son responsables de la mayoría de las guerras del mundo” (9 por ciento).
Los líderes musulmanes observaron que la islamofobia aumentó desde el ataque
de Hamás a Israel del 7 de octubre, con discursos de odio en plataformas de redes
sociales y actos discriminatorios. El Ministerio de Inclusión comunicó que el 85 por
ciento de los discursos de odio en plataformas de redes sociales eran islamófobos,
mientras que entre un 5 y 10 por ciento eran an�semitas. Los líderes musulmanes
también señalaron que los incidentes islamófobos registrados eran inferiores a los
reales, ya que la población musulmana en España tendía a no denunciar los
incidentes discriminatorios o los delitos de odio por miedo a la es�gma�zación de
los no musulmanes y la desconfianza en las ins�tuciones públicas. Asimismo,
incidieron en que la falta de datos fiables complicaba diseñar polí�cas con fondos
para la lucha contra la islamofobia en el país.
El 25 de enero, las autoridades españolas detuvieron a Yassine Kanjaa después de
que asesinara a una persona e hiriera a otra con un machete en dos iglesias de
Algeciras, una ciudad portuaria de la comunidad autónoma de Andalucía. El
sospechoso se enfrentaba a un “delito de asesinato con fines terroristas” y varios
delitos agravados de lesiones corporales. En un auto, la Audiencia Nacional
declaró que “las pruebas recabadas permiten calificar los actos de Yassine Kanjaa
como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la
Iglesia Católica como contra musulmanes que, a su parecer, no siguen los
preceptos del Corán”, y en sep�embre concluyó que Kanjaa había come�do un
acto terrorista. En octubre, un informe psiquiátrico indicó que el sospechoso
sufría de esquizofrenia paranoide y de otros trastornos psicológicos que podrían
haber influido en sus actos en el momento del ataque. El juicio aún no había
comenzado a finales de año.
Los Tes�gos de Jehová registraron un aumento en los delitos de odio;
comunicaron 12 incidentes de vandalismo y 12 agresiones contra miembros
durante el culto desde sep�embre de 2022. De los 24 incidentes, nueve
ocurrieron en la comunidad autónoma de Cataluña, cinco en Andalucía, dos en
Galicia y otros dos en Navarra. La organización religiosa manifestó su
preocupación por las no�cias falsas que incitaban a cometer delitos de odio
contra Tes�gos de Jehová. El 23 de marzo, un agresor arreme�ó contra dos
tes�gos de Jehová que ges�onaban un puesto informa�vo en la comunidad
autónoma de Valencia y comenzó a atacarlos verbalmente. Cuando uno de los
tes�gos de Jehová cogió el teléfono para llamar a la policía, el agresor agarró el
teléfono y lo agredió �sicamente, provocándole una lesión que posteriormente
requirió intervención quirúrgica. El 23 de octubre, dos agresores entraron en un
local de culto de los Tes�gos de Jehová en la comunidad autónoma de Asturias
durante una ceremonia, profiriendo insultos y orinando sobre quienes estaban
rindiendo culto.
La Cátedra Simone Veil, creada mediante un acuerdo en mayo de 2022 entre la
FCJE y la Universidad Complutense de Madrid, con�nuó promoviendo la
prevención del racismo y el an�semi�smo y el fomento del diálogo intercultural,
los derechos humanos y el Estado de derecho.
En marzo, la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno autonómico
catalán publicó la Guía para el respeto a la libertad religiosa y de conciencia en las
relaciones laborales, y en octubre organizó un seminario con representantes de
sindicatos y asociaciones empresariales para abordar el impacto que las
expresiones religiosas, como el ayuno y las celebraciones, determinada ropa y
símbolos, y la ges�ón alimentaria, �enen en varios aspectos de la relación
laboral.
Desde sep�embre hasta diciembre, el Centro Sefarad-Israel, un consorcio público
español perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, organizó en Madrid una exposición �tulada “La edad de oro de los
judíos de Alandalús”, en colaboración con el Congreso Mundial Judío. La
exposición incluía una serie de documentos y ac�vidades que ponían de relieve la
historia de los judíos en España desde la segunda mitad del siglo VIII hasta finales
del siglo XI.
En octubre, la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso, una ONG
catalana, organizó su octava “Noche de las religiones” en Barcelona, en la que 49
lugares de culto de 18 grupos religiosos diferentes abrieron sus puertas a los
residentes locales. Par�ciparon más de 3.500 personas en las ac�vidades. Tras el
éxito del programa de Barcelona, la organización celebró eventos similares en las
ciudades de Tarragona, Vilafranca del Penedès y Sant Cugat. La asociación
con�nuó liderando grupos de diálogo interreligioso en catorce ciudades de la
región, congregando a líderes de dis�ntas religiones para deba�r sobre la
diversidad religiosa, promover la cohesión social y crear proyectos comunes en los
vecindarios.
Sección IV. Polí�ca y ac�vidades del Gobierno de Estados Unidos
Representantes de la Embajada y del Consulado General de Estados Unidos se
reunieron con varios funcionarios del gobierno central y gobiernos regionales, así
como con la Oficina del Defensor del Pueblo, para hablar de an�semi�smo,
islamofobia, asuntos rela�vos a la discriminación social contra minorías religiosas,
delitos por mo�vos religiosos, y discursos de odio contra minorías religiosas.
También deba�eron las nuevas inicia�vas del Gobierno para promover el
pluralismo religioso.
Funcionarios de la embajada y del consulado también se reunieron con varios
grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil para deba�r acerca de la
discriminación y el libre ejercicio de sus derechos religiosos. También trataron
temas como la educación religiosa, incluido el acceso a la misma, y los delitos y
discursos de odio por mo�vos religiosos.
En enero, funcionarios de la embajada y del consulado par�ciparon en varios
actos por el Mes de la Memoria del Holocausto, algunos de ellos celebrados en el
Senado español, el Parlamento catalán, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Comunidad Judía de Madrid y la Asamblea de Madrid. La Embajada y el Consulado
General de Estados Unidos intensificaron el contenido en redes sociales en
reconocimiento del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto,
incluyendo materiales de debate sobre el Holocausto.
En marzo, el Enviado Especial de EE. UU. para Monitorear y Comba�r el
An�semi�smo par�cipó en el foro internacional de Coordinadores y Enviados
Especiales en la lucha contra el An�semi�smo celebrado en Madrid. También en
marzo, un alto funcionario de la Embajada y el Enviado Especial asis�eron a una
comida con el ministro de Asuntos Exteriores y la junta direc�va del Congreso
Mundial Judío. Otros funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con
el Centro Sefarad-Israel y la Subdirección General de Libertad Religiosa para hablar
sobre las estrategias nacionales y los planes de acción para luchar contra el
an�semi�smo y mejorar la vida judía.
El 30 de marzo, la Embajada y el Consulado General de Estados Unidos celebraron
cenas i�ar para los líderes de la comunidad musulmana y otros líderes religiosos
de España. Las cenas congregaron a grupos interconfesionales para promover la
libertad y la diversidad religiosas, con debates acerca de cómo tender puentes
entre los grupos religiosos, romper estereo�pos y reducir la discriminación.
Ambos eventos destacaron la importancia de la libertad religiosa y el respeto a las
minorías religiosas.
Desde octubre hasta diciembre, la embajadora lideró las labores del cuerpo
diplomá�co para promover la libertad religiosa, fomentar el diálogo y coordinar
esfuerzos para abordar los retos a los que se enfrentan las dis�ntas comunidades
religiosas como resultado del conflicto entre Israel y Hamás.
Durante el año, la Embajada y el Consulado General de Estados Unidos
promovieron la libertad y diversidad religiosas en redes sociales, como, por
ejemplo, recordando ocasiones especiales como el Día Internacional de la Libertad
Religiosa y honrando celebraciones religiosas como Ramadán, Eid al-Fitr, Jánuca,
Pésaj, Kwanzaa, Yom Kipur, Diwali, Semana Santa y Navidad.